La democracia
ha planteado la universalidad del principio de igualdad: la comunidad de
ciudadanos se rige por el principio de la igualdad formal de los individuos,
cualesquiera sean las desigualdades sociales, culturales y otras.
La
democratización, por el contrario, está animada por la ambición de asegurar la
igualdad real, y no ya solamente formal, de los ciudadanos. La dinámica
democrática se ha traducido, pues, en el desarrollo del Estado providencial, que interviene cada vez más para satisfacer las
necesidades económicas y sociales de los individuos. Reconoce y asegura los
derechos del asalariado, los derechos a la supervivencia material y a la
vivienda, así como a los cuidados médicos, a la educación o a la cultura. Ahora
bien, su acción resulta paradojal: fruto de la loable preocupación por asegurar
la universalidad de los derechos, apunta, mediante las “discriminaciones
positivas” y otras políticas de promoción específica, a defender los derechos
particulares de ciertas categorías. Alimenta la aspiración de que sean
públicamente reconocidos los derechos identitarios de colectividades históricas
reunidas en la misma sociedad nacional. La equidad sustituye a la igualdad, el
multiculturalismo a la universalidad.
Ese es el
desafío particular que enfrentan las democracias occidentales, confrontadas con
el carácter cada vez más “providencial” de sus sociedades. ¿Cómo construir una
Europa política sobre la idea y las instituciones de la ciudadanía, cuando las
naciones europeas se convierten en democracias providenciales?
Si la
igualdad contemporánea tiende a agotar las formas de trascendencia colectiva,
tanto las de inspiración religiosa como las de inspiración política, ¿de qué
modo podremos seguir “haciendo sociedad”?